En marzo y abril los conflictos laborales se agudizaron en la región. Un relevamiento preliminar muestra que ya se perdieron cerca de 800 puestos de trabajo solo por el cierre de cuatro empresas. Mientras que casi mil empleados de 13 compañías tienen algún tipo de dificultad para cobrar salarios.

La situación del empleo en la región comienza de a poco a encender las alarmas. Desde el gobierno provincial mencionan que aún no se dieron “despidos masivos”. Sin embargo, en marzo y abril los conflictos laborales se agudizaron. Un relevamiento preliminar muestra que ya se perdieron cerca de 800 puestos de trabajo por el cierre de cuatro grandes y medianas empresas en el sur provincial. Mientras, casi mil trabajadores de 13 firmas tienen algún tipo de dificultad para cobrar salarios: lo reciben en cuotas, con Repros –subvención del gobierno nacional–, están en un proceso de conciliación obligatoria con la patronal, les adelantaron vacaciones o debieron tomar retiros voluntarios de manera forzada.

El delicado escenario llevó a que en la administración santafesina comenzaran a utilizar con más frecuencia términos como “preocupación” e “incertidumbre” para describir lo que se avecina.

Un análisis

Los datos surgen en el marco de la reunión que se realizó en el palacio municipal (con la presencia de la intendenta Mónica Fein, funcionarios locales, provinciales y representantes gremiales) para abordar la situación que atraviesan los empleados de la planta industrial de la empresa Acindar en Rosario, ubicada en Presidente Perón al 8000.

La siderúrgica planea cerrar uno de sus turnos el próximo 31 de julio y así se pusieron en riesgo unos 40 puestos de trabajo. En el cónclave se analizaron distintas alternativas para anticiparse o analizar cómo enfrentar ese posible escenario, todo con el fin de evitar que los operarios queden en la calle.

Según el ministro provincial de Trabajo, Julio Genesini, ese conflicto marca una “situación puntual” en un contexto donde aún no se vislumbra una “pérdida sustancial de empleo en la región”.

“Igual, hoy hay una fuerte preocupación que surge de lo que vienen planteando sectores industriales. Quienes dicen que tienen dificultades para desarrollar sus actividades por la retracción de la demanda, la inflación, altas tasas de intereses y la suba de costos producto del incremento tarifario”, admitió el funcionario.

El último dato oficial que dispone el gobierno indica que al 31 de enero había 492.813 trabajadores inscriptos legalmente a lo largo de toda la provincia, unos 200 más que lo relevado en diciembre del año pasado.

El informe toma como base a las empresas con domicilio legal en Santa Fe y se actualiza según las altas y bajas laborales en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). Cabe aclarar que los empleados inscriptos o “en blanco” son una parte del universo laboral, donde conviven trabajadores en negro y otros contratados bajo figuras fraudulentas, como monotributistas.

Genesini explicó que aún no se terminaron de cerrar los datos de febrero, pero todo indica que no habrá una disminución importante en la cantidad de empleos.

A pesar de que por ahora se busca bajarle el perfil al complejo escenario laboral, en buena parte de la región los conflictos “puntuales” a los que hace referencia el funcionario han hecho ruido e involucraron a firmas de peso y con largo recorrido. Eso se dio, sobre todo, con la confirmación de los cierres de Sol Líneas Aéreas y Ar Zinc. Basta realizar un relevamiento preliminar par dar cuenta del delicado panorama.

En Rosario, sólo el cese de Sol dejó sin empleo a 190 trabajadores. Eso se produjo luego de que el gobierno nacional diera de baja un convenio que la firma de la familia Angelli tenía con Aerolíneas Argentinas. Mientras que la empresa Bambi (fabricante de electrodomésticos, heladeras y freezer), ubicada en la zona sudeste de la ciudad, no renovó recientemente 60 contratos temporarios. Electrolux, ya decidió adelantar vacaciones a su personal.

En tanto, el caso de Ar Zinc, en Fray Luis Beltrán, fue el golpe más duro: unas  420 personas quedaron en la calle. El hecho trajo fuerte preocupación en la localidad y toda la región dado el impacto que genera tamaña cantidad de despidos.

Algo similar, aunque con otras proporciones, sucedió con Ricedal Alimentos, en Chabás. Los titulares de esa compañía acaban de decidir el cese de actividades. Pero de los 24 trabajadores afectados hasta ahora sólo seis aceptaron el retiro voluntario.

Firmat, lo más complejo

La situación más delicada, si se “mide” por localidades, se da en Firmat. La firma Meyde también cerró y dejó sin empleo a 20 personas. Mientras que en Nestlé rige una conciliación obligatoria por el despido de 9 operarios. A la par, en marco del conflicto que atraviesa Vassalli, las autoridades provinciales gestionaron y consiguieron Repros dadas las dificultades que la compañía afronta para pagar los salarios a sus cerca de 600 empleados. En Dasa a 20 obreros les adeudan cuatro meses de salario. Y algo similar sucede en la empresa Rega.

A todos estos casos hay que agregarle lo que sucedió en Frideco, Totoras, cuyos propietarios ya habían dejado sin su fuente laboral a 100 trabajadores.

Mientras que en Dow, en Puerto General San Martín, rige una conciliación obligatoria por el despido de 17 trabajadores. Y muy cerca de allí, en Bravo Energy, San Lorenzo, evalúan el cierre total que afectaría a 50 obreros, que actualmente cobran el sueldo en cuotas.

Para Genesini será ahora sustancial observar cómo evoluciona la situación económica del país. “Hay que ver cómo sigue la realidad del mercado interno, la demanda y políticas de importación. Hoy eso es un interrogante, con algunas alertas”, concluyó.

Talleres casi cerrados

Desde la Unión Obrera Metalúrgica de Rosario y el municipio de Pérez confirmaron que 80 trabajadores de los históricos talleres ferroviarios aceptaron el retiro voluntario que ofreció la firma Rioro (del grupo Emepa) hasta el viernes pasado. De esta formas crece la incertidumbre por lo que puede llegar a suceder con el futuro de los 50 obreros que se resisten al cierre tras la decisión del gobierno nacional de no requerir más los servicios de reparación de vagones y material rodante del Ferrocarril Belgrano Cargas y Ferrovía que presta la empresa.

Según el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, los talleres generaban trabajo a unas 200 personas hasta ahora. De ese total, unos 130 empleados directos estaban nucleados en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). El resto incluía a supervisores, administrativos y personas que en algunos casos prestaban servicio por fuera de toda estructura gremial.

El conflicto se inició a las pocas semanas de la asunción del gobierno de Mauricio Macri y se agudizó hace alrededor de un mes cuando la empresa comenzó a ofrecer a todos los trabajadores la posibilidad de que tomen retiros voluntarios.

A esa instancia se llegó luego de que el Ministerio de Transporte de la Nación decidiera no enviar más material rodante ferroviario para su reparación. El inconveniente tiene su génesis en el hecho de que el Estado es el único “cliente” de la compañía. La dependencia es absoluta.

“Lo que dijeron desde el ministerio es que los recursos de ahora en más sólo se iban a destinar a cumplir los convenios de compras de coches a China rubricados con anterioridad”, explicó Corsalini.

Fuente: En Foco XXI – Cruz del Sur

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