En un comunicado conjunto, las sociedades rurales de Rafaela, Humberto Primo y Sunchales castigaron severamente a los funcionarios santafesinos, a quienes responsabilizaron por la catástrofe hídrica que padece el centro oeste provincial.

Las Sociedades Rurales de Rafaela, Humberto Primo y Sunchales emitieron esta semana un comunicado conjunto en el que critican con dureza al gobierno santafesino, por considerarlo responsable de las penurias que la actividad agropecuaria sufre en el centro oeste provincial tras las lluvias de fines de 2016 y comienzos del presente año. Las tres entidades indicaron que continúan su intenso trabajo conjunto para coordinar estrategias de acción urgentes que demanda el desastre hídrico regional, consecuencia de las recientes lluvias y “como resultado de una actitud ineficiente del Estado frente a las innegables y reclamadas necesidades de realización y mantenimiento de obras que evidencia la Cuenca del Cululú”.

Los ruralistas consideraron que se llega nuevamente a una situación de desastre “que se podría haber minimizado con la realización honesta y oportuna de los trabajos apropiados en infraestructura”. El panorama es “desesperante” y lo atribuyen a “la ineficiencia del Estado en su más lamentable expresión”.

El texto, difundido el martes 24 de enero, calcula que las pérdidas del sector productivo entre abril de 2016 y la actualidad totalizan 3800 millones de dólares. “Con inversiones mínimas en relación a estos valores podríamos haber evitado estas irremediables pérdidas tan significativas para la región, la provincia y el país”, se lamentaron.

Idóneos se buscan

Además de trazar un diagnóstico general de la situación, la rurales del centro oeste condenaron severamente las explicaciones que brindó el Ministros de Infraestructura, José León Garibay, respecto a la inversión y obras sobre el canal Vila- Cululú, “expresiones que claramente manifiestan la ausencia de sentido común al hablar de proyectos aguas arriba”. También dudaron de los acuerdos con la provincia de Córdoba. “Desde hace años -afirmaron-, proponemos acciones desde la desembocadura porque presenta obras de arte que no se verifican además de la notable ausencia de mantenimiento”. Y agregaron: “condenamos la inacción e incompetencia de funcionarios responsables de prever y resolver estas situaciones”.

Al mismo tiempo, se lamentaron por ver “con enorme tristeza la escasa valoración de la vida rural” que denota la falta de gestión para ese sector de la población y la economía provincial. “Productores, trabajadores y sus familias se encuentran aislados y en estado de emergencia por la falta de infraestructura de caminos y de tendido eléctrico que afectan la calidad de vida en el campo fomentando el desarraigo y la migración. Es un hecho inaceptable cuando transitamos la segunda década del siglo XXI”, sentenciaron. Incluso se permitieron una ironía: “la principal cuenca lechera del país hoy se asemeja más a los Esteros del Iberá que a las otrora verdes praderas que soñaron trabajar nuestros abuelos”.

Frente al doloroso panorama, exigieron respuestas concretas a la administración pública, para que informen: qué obras se van a desarrollar; quién realizará las acciones; cómo se llevarán a cabo en detalle; y cuáles serán los plazos de ejecución.

“El campo ya no cuenta con recursos para sostener la burocracia estatal. Exigimos que procedan con honestidad. ¡Basta de mentiras!”, suplicaron, y pidieron funcionarios elegidos por idoneidad “y no por su fidelidad a un signo político”.

Fuente: En Foco XXI – Campo Litoral

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