El gobierno nacional decidió eximir a las agroexportadoras de la obligatoriedad que se imponía en los controles fitosanitarios que realizaba el Senasa sobre cada embarque con destino a tierras extranjeras. Esto operaba como tal hasta hace pocos días, en que entró a regir esta nueva disposición, desde el pasado 23 de enero.

La modificación resulta del pedido de las cerealeras para convertir al complejo sojero local en un puerto económico y financieramente más competitivo a nivel mundial, algo que la Nación adoptó como premisa prioritaria de su política, habida cuenta que la agroindustria genera más de la tercera parte de divisas que Argentina recauda en todo concepto por exportaciones. De ahí la importancia del complejo y la atención del gobierno.

Esta explicación fue suministrada por Ciara (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y abarca a subproductos, harinas y aceites de soja.

Ahora, solo si el comprador o el vendedor exigen una certificación de calidad eximida por el organismo nacional, se echará mano a sus servicios, caso contrario, será un pacto entre privados con acuerdo entre vendedor, despachante, transportista y comprador.

¿De cuánto es el ahorro que los puertos prescindirán de transferir a nombre de compradores o armadores? De acuerdo a los datos revelados por el Senasa, a unos 1.100 millones de pesos anuales, que fue lo recaudado en este concepto durante 2016.

“Hay que dejar en claro que esto obedece a una firme decisión del gobierno nacional en concebir condiciones de competitividad para nuestros puertos en relación a los costos mundiales; hubo dos reuniones claves en las que se debatió esta temática, y en una de ellas participó el presidente Mauricio Macri quien dejó claras instrucciones al respecto”, reconocieron desde la cámara aceitera.

Por su parte, desde el Senasa, se alzaron algunas voces de disconformismo, en especial, desde el sector sindical.

“Esto se traduce en pérdida de soberanía alimentaria y sanitaria, en menor trabajo y menor recaudación en concepto de aranceles y otorgar a empresas privadas los controles mediante la tercerización. Son funciones indelegables del Estado porque se trata de la salubridad de los agroalimentos que consume todo nuestro pueblo”, denunció Rodrigo Romariz, secretario gremial de la junta interna de ATE, uno de los dos gremios que representa a los aproximadamente 400 empleados dedicados a esas tareas.

Las empresas privadas aludidas por el gremialistas son SGS, Cotecna, Control Uncon y Operagro, entre otras, dedicadas a “controles de calidad” y, salvo las nacionales, con presencia en todo el mundo.

Estas citadas firmas son contratadas, por lo general por el comprador, para avalar la calidad de producto adquirido. Desde hace años, operan en la zona y operaron tal como siguen haciéndolo durante la etapa de “monopolio” (una manera de decir) que detentó el Senasa.

Fuente: En Foco XXI – SL24

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