La Unión de Comerciantes e Industriales (UCI) de San Lorenzo remitió un documento al gobernador Miguel Lifschitz en el que denuncian las arbitrariedades y prácticas engañosas utilizadas por al Empresa Provincial de Energía (EPE) al momento de emitir las facturas para el cobro de los servicios prestados.

En la misiva, refrendada por el cuerpo directivo de la entidad, se indica que es la EPE “la que arbitrariamente, sea por refacturaciones efectuadas y correspondientes a períodos vencidos, o bien por notificaciones que nunca son recibidas por usuarios, incrementa artificialmente el importe de lo facturado”. Por ello, prosigue, “el empresariado Pyme es siempre el perjudicado”.

A ello se suma “el inusitado y desproporcionado aumento tarifario” y el “monopolio en la distribución de energía”, lo que motiva, según el entender de esta organización, “subordinan a todos los usuarios con medidas que encarece artificialmente el valor de lo consumido y colocan al comerciante y al pequeño Pyme en una situación son salida, ya que deben pagar o son condenados al corte del servicio”.

La nota finaliza negando la posibilidad de alguna reunión, sea con el gobernador o con el presidente de le EPE, “ya que hemos tenido varias”, y sin resultados positivos. Por eso, requieren de la Provincia, “una batería de medidas y políticas activas para aliviar la situación del empresariado”.

A pesar del casi desgarrador cuadro de situación descripto por la entidad, el documento, firmado por su presidente, vice presidente y secretario, no está acompañado por datos estadísticos que sostengan el argumento esgrimido, como tampoco, la cita de algún o algunos casos testigos que respalden la denuncia esgrimida por una presunta estafa perpetrada por la EPE. Igual, la UCI sabrá exponerlos cuando se lo requieran.

Fuente: En Foco XXI – SL 24

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