La empresa Las Pircas, investigada por la Justicia del Chaco por comercialización de granos en negro por sumas millonarias, formaría parte de las más de 200 usinas de facturas apócrifas que funcionan en el Chaco, según datos de la Afip, que dan cuenta de la existencia de 11.200 empresas que emiten documentos falseados, principal herramienta para generar IVA, crédito falso y licuar Ganancias, entre otras irregularidades.

El dato se ventiló recientemente a partir de un informe de medios nacionales basado en datos oficiales suministrados por el ente recaudador nacional.

Los medios chaqueños se hicieron eco de esa información por un dato preocupante: más de 200 de esas empresas son de esa provincia. Una de ellas, Las Pircas, de capitales rosarinos, tiene domicilio legal en Resistencia, pero su planta de acopio en Acebal, a pocos kilómetros de Rosario.

Como ya fuera consignado en anteriores ocasiones, distintos operativos en los que se detectó que los camiones de la compañía transportaban cereal con cartas de porte apócrifas, y hasta la confesión de los mismos choferes de que los granos no provenían de Acebal, sino de distintos puntos del Chaco, pusieron a la firma en la mira de la Justicia de aquella provincia.

Las facturas truchas son la principal herramienta para generar IVA, crédito falso, licuar Ganancias y darle una salida contable al dinero asentado en las cajas de las empresas contratistas de obra pública que podrían haber pagado coimas.

El informe

Un equipo de Clarín Data analizó más de 100 mil registros de Afip y logró dar con estas empresas, muchas monotributistas que sólo existirían en los papeles y no en la realidad económica, reprodujeron recientemente medios chaqueños como Periodismo365 y Reporte24.

En el Chaco habría 206 usinas de facturas truchas en la base de datos de la Afip. Todas tienen sumario tributario (investigación interna), pero no necesariamente tienen una causa penal iniciada. Con 62, Resistencia es la ciudad chaqueña donde se detectó mayor concentración de usinas de facturas truchas. Le sigue Sáenz Peña, con 42 y Charata, con 18.

Justamente, entre las firmas denunciadas por el organismo recaudador se encuentra Las Pircas Cereales SA, la que está en la mira de la Fiscalía Federal de Resistencia por presuntos hechos ilícitos relacionados con la comercialización y transporte de cereales.

Presentación

El Ministerio Público Fiscal había presentado en junio del año pasado un requerimiento de instrucción al juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, sindicando como presuntos responsables de la maniobra ilícita a Maximiliano Montaldo, Pier Carlos Montaldo y Julio Battiston, socios responsables de la razón social Las Pircas Cereales SA, con domicilio fiscal en la capital de la provincia chaqueña. Se los acusa por el delito de supuesta “asociación ilícita fiscal”, previsto por el artículo 15, inciso “c” de la ley 24.769 (Régimen Penal Tributario), que prevé penas de entre 3 años y seis meses y 10 años.

Causa judicial

Tal como lo publicó La Capital en su edición de ayer, la Justicia Federal de Resistencia tiene en sus manos una causa contra Las Pircas por evasión de granos que, según proyecciones realizadas oportunamente por Afip, podría alcanzar los 700 millones de pesos.

En rigor, la investigación del organismo fiscal comenzó a partir de algunos operativos en los que detectaron cargamentos de cereal con cartas de porte falseadas, y con cargamentos muy superiores a la capacidad de acopio de la planta de Acebal.

La Afip tenía elementos suficientes como para presumir que Las Pircas sería un eslabón fundamental para la comercialización de granos en negro, aunque no sería la única firma involucrada. La compañía de capitales rosarinos declaró oportunamente poseer 285.692 toneladas de granos en Acebal, en una planta de acopio cuya capacidad no supera las siete mil toneladas.

Operativo

Un operativo realizado el año pasado sobre la ruta A-012 detectó tres camiones con 90 toneladas de cereal que era trasladado en negro, con cartas de porte falsas.

En la oportunbidad, los mismos choferes, según pudo saberse, reconocieron la irregularidad: el cargamento no provenía de Acebal, como consignaban las cartas de porte, sino del Chaco y otros destinos.

Pese al hermetismo que rodea a la causa, y a la imposibilidad de poder llegar a fuentes oficiales, se sabe que la Justicia chaqueña se hizo eco de esta denuncia y el fiscal Patricio Sabadini elevó las actuaciones al juez federal Carlos Skidelski para que investigara el delito de asociación ilícita fiscal, que prevé prisión de tres a diez años.

Fuente: En Foco XXI – La Capital

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