El 1° de enero de 2020 aumenta el impuesto a los ingresos brutos. La gran mayoría de los contribuyentes sufrirá un aumento del 63%, en esta carga impositiva que es considerada una de las más distorsivas e injustas.

Por esta razón, se están realizando gestiones ante los senadores provinciales para que consideren y aprueben el mensaje del Ejecutivo que propone la prórroga de la estabilidad fiscal, hasta el 31 de diciembre de 2020. En presentaciones realizadas a cada uno de los legisladores se les solicita que “apruebe el mensaje número 4.829 que enviaron a la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, el gobernador ing. Miguel Lifschitz y el ministro de Economía, Gonzalo Saglione”.

En el referido mensaje se solicita extender hasta el próximo 31 de diciembre de 2020 el beneficio de la estabilidad fiscal al sector comercio y servicios, dispuesto mediante la ley 13.749 y prorrogado mediante la ley 13.750.

Las razones para disponer la estabilidad tributaria a través de la denominada “ley pymes santafesinas”, que beneficia a 220.000 pequeñas y medianas empresas de nuestra provincia, no solo se mantienen en la actualidad sino que se potencian como consecuencia de la gravedad de la situación macroeconómica de nuestro país que impactó fuertemente en forma negativa en el consumo, siendo triste compañera del aumento de tarifas, insumos, costos fijos, convirtiéndose en un combo letal para las miles de pymes que han debido cerrar sus puertas y colocan en riesgo a otras tantas, peligrando la subsistencia de las familias de sus propietarios como de sus empleados.

Por lo expuesto, entendemos que siendo vuestro compromiso bregar por el bienestar de la sociedad que representa preservando la actividad económica que sirve de sostén a miles de familias, aprobará el referido mensaje con la seguridad de que la sanción de la prórroga solicitada no resta ingresos a las futuras autoridades sino que les permitirá iniciar su gestión habiendo evitado un duro golpe a la actividad económica.

En el caso de que los legisladores no aprueben este pedido del Ejecutivo, la puesta en vigencia del aumento de la alícuota provocará no solo perjuicios económicos al golpeado (ya al borde del nocaut) sector comercial y de servicios, sino que indefectiblemente lo sufrirán los consumidores al ser trasladado (aunque sea parcialmente) a los precios en todos los eslabones de la cadena de comercialización.

Fuente: En Foco XXI – Mirador Provincial

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