En medio de un panorama financiero complicado, el default de grandes empresas suma un foco de tensión en el sector.

El gobierno de Alberto Fernández tiene enfrente un desafío concreto de política agropecuaria: reactivar el financiamiento para la producción. La crisis de liquidez de los pequeños productores, por un lado, y las crisis de deuda de compañías de la talla de Vicentín o la corredora BLD, por otro, dejaron al descubierto las secuelas del ciclo macroeconómico del gobierno de Mauricio Macri, en el que se desfinanció la actividad en el último año y puso en jaque a sus propios aliados políticos, generando un efecto dominó sobre los eslabones más débiles de la cadena.

“Esperamos que aparezca el crédito; antes de discutir retenciones, como dirigente me pondría a discutir el financiamiento para poder producir”, planteó Juan Manuel Rossi, presidente de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), que representa a un entramado de organizaciones territoriales conformadas por pequeños productores. Son pymes afectadas por la ausencia de financiamiento bancario, por un elevado nivel de tasas y ahora, por la crisis generada tras la cesación de pagos de la sexta mayor agroexportadora del país y uno de los mayores correacopios, con alta presencia en la zona núcleo.

En 2004, cuando asumió Néstor Kirchner, su gobierno cerró una vieja deuda con el sector agropecuario, al implementar un amplio programa de reprogramación de pasivos con el Banco Nación que salvó del remate de sus campos a miles de productores. Ahora Alberto Fernández tiene el desafío y la oportunidad de atender una demanda urgente, que se expresa en la crisis de financiamiento de la actividad. Una iliquidez que ajusta por los más chicos pero también jaquea _por distintas y variadas razones_ a los grandes jugadores del sector.

“Claramente no es la misma coyuntura, pero es un horizonte que va en la misma dirección y tiene que ver con el cambio de los ciclos”, reflexionó el economista y asesor del sector, Carlos Seggiaro.

“En estos últimos años prevaleció un ciclo económico donde el gobierno jugó a favor de los acreedores y esto terminó estallando. Ahora se viene un ciclo en favor de los endeudados”, dijo pocas horas después de haber escuchado el discurso del flamante mandatario ante la Asamblea Legislativa donde trazó algunos lineamientos de su programa de gobierno.

El economista señaló que la reestructuración de pagos de Vicentín _que la propia empresa anunció como una situación de estrés financiero y que involucra más de u$s 600 millones entre proveedores (acopios, cooperativas, productores) y el sistema financiero (bancos nacionales e internacionales)_ fue un combo de factores “muy difícil de sobrellevar y que genera un preocupante efecto cascada en el resto de los actores del sistema como las cooperativas y acopios”.

En ese combo incluyó a “una política de inversión de la empresa en términos de cadena de valor a través de un proceso de endeudamiento importante en los últimos años, tanto interno como externo”, que generó “un apalancamiento peligroso”. Pero también una política comercial “donde la compañía jugaba fuerte con precios a fijar” que le resultó “atractiva tanto para el productor como al comprador ya que le permitía ganar clientes y captar más soja”.

“Esto suena razonable en un escenario de estabilidad, donde no hay fluctuaciones de precios relativos ni cambio en las cotizaciones de las monedas”, reflexionó el economista pero en Argentina esto “se desestabilizó por las devaluaciones, por la suba de las tasas de interés y por el aumento del riesgo país que disparó su nivel de endeudamiento, ya que pasaron de pagar intereses en el mercado externo del 4 por ciento al 15 por ciento”, agregó. Otro elemento determinante fue “la caída previa de la corredora BLD”, sintetizó para señalar que “ninguna de estas cuestiones en forma aislada podrían haber afectado tanto a una de las mayores agroexportadoras del país, pero las cuatro juntas son un combo muy complicado para la empresa”.

“El escenario de los últimos meses fue difícil de prever. ¿Qué empresa podía pensar que este gobierno, que era pro mercado iba a convalidar el cepo, un sistema que cortara la prefinanciación de exportaciones y, que los productores definieran salir a fijar precio en un momento no habitual en el ciclo anual?”, indicó Seggiaro, para quien esto “expresa la inconsistencia de toda la política económica de los últimos tiempos, con tasas absolutamente incompatibles con el modelo productivo y un sistema cambiario de alta volatilidad que se lleva puesto a todos los actores”.

En ese contexto, la reestructuración que anunció Vicentín surge como una luz de alerta. “Estamos ante una situación que merece un análisis sistémico. Hay varios elementos a revisar que van desde la lógica y la consistencia de las políticas comerciales por un lado, pero también, toda la política del gobierno anterior”, agregó Seggiaro para señalar que los desequilibrios del mercado cambiario, las tasas a niveles “insostenibles que conspiran contra el sistema productivo”, y la apuesta a un modelo financiero, “arrastra a uno de los actores más resistentes del sistema como Vicentín”.

Luego de la devaluación y del reperfilamiento de la deuda pública nacional de corto plazo (Letes, Lecap y Lecer y Lelink) que realizó el gobierno macrista este año _ahogado por la fuerte restricción externa, la escalada del dólar y la suba del riesgo país_ el escenario de las empresas que estaban muy expuestas en términos financieros, con alta tenencia de títulos, comenzó a complicarse. El caso más crítico arrancó en la zona núcleo productiva, con el default del correacopio BLD que dejó un pasivo de u$s 100 millones y afectó a toda la cadena agropecuaria. Un caso que, además, expuso los riesgos de la modalidad de comercialización granaria de precios “a fijar”, que ahora se profundiza.

“Antes el caso de BLD, ahora Vicentín que es una de las más fuertes y sólidas compañías con fuerte desarrollo de valor agregado, llevan a pensar que si el sector agroexportador, que es el que ingresa divisas al país, muestra semejante debilidad después de cuatro años de macrismo, esto responde a las medidas que tomó el gobierno, que si bien hizo algunas cosas, todo fue con pinzas y se terminó derrumbando en los últimos meses”, indicó Omar Príncipe, ex presidente de Federación Agraria Argentina y director titular del distrito 6 de la entidad.

Pero el golpe más fuerte lo sintieron los eslabones más débiles de la cadena agropecuaria. “El libre mercado llevó a la extinción a muchos sectores que producían valor agregado, como el caso de los productores de cerdos o tamberos”, dijo el dirigente.

“Si esto le pasó a Vicentín que está consolidada, imaginemos lo que les pasa a las pymes y a los pequeños productores agropecuarios, a aquellos que ante la falta de financiamiento dejaron de serlo, desaparecieron o debieron vender su capital”, agregó Príncipe y recordó la realidad de muchos chacareros. “Si sos ganadero vendés las vacas, si sos tambero, las vacas lecheras, o si te dedicás a los cerdos te desprendés de las madres, si tenés campo en alquiler dejás de arrendarlo, o pagás tasas del 100%, todo producto de una política financiera que hizo implosionar a lo productivo”, agregó.

El último informe de Ieral Fundación Mediterránea corrobora esta situación. La producción de cerdos en octubre último cayó 4,4% respecto del mismo mes de 2018 y en agosto pasado el ajuste interanual había sido de 6% y, según esos mismos datos, hay que retroceder hasta el 2010/2011 para encontrar valores negativos similares.

“Otro tema que desnuda esto es la falta de financiamiento y lo que significó la política de altas tasas en estos años que fue favorable para la timba, para la fuga de capitales, pero no para los que producimos e invertimos acá, especialmente los más chicos”, indicó Príncipe.

EFECTO CASCADA. Cuando la cesación de pagos de BLD comenzó a correr como un reguero de pólvora en las localidades de la región núcleo productiva afectando la cadena de pagos en las economías locales, en la actividad comercial granaria empezó a hacer ruido la figura del correacopio, una forma de organización empresaria que se corre de la tradicional figura de la intermediación entre comprador y vendedor de granos para intervenir en el negocio. De este modo, con la modalidad de precios a fijar, adquiere la mercadería, la vende, la cobra y esos fondos usualmente los utiliza para participar de otros negocios, algunos productivos y otros _por lo general_ financieros como la adquisición de títulos o bonos.

Los más arriesgados detractores hablaban de la similitud del famoso “esquema Ponzi” que originó una de las estafas más grandes con el caso de Bernard Madoff, aunque otros aseguraban que se trataba de una modalidad que le traía muchos beneficios al productor que elegía especular con el precio de sus granos, un bien muy preciado en la economía argentina que, además, cotiza en dólares. Y que el caso de BLD en buena parte obedecía a los coletazos de las medidas económicas que había tomado el gobierno Macri de reperfilar su propia deuda y los efectos de la devaluación y el cepo.

Dos meses después, la reestrcturación de pagos de Vicentín volvió a poner la mirada sobre este esquema. “De aquí en más varias cosas serán distintas, no sólo en la comercialización, también hay mucho más para repensar en el país; lo fundamental es recomponer la institucionalidad, la confianza y la transparencia”, dijo un analista granario y señaló que la crisis de “no puede pasar desapercibida”.

En ese marco, se arriesgó a plantear que los más afectados por esta ola “que se va empezar a sentir en los próximos días y semanas” son esencialmente los acopios “ya que me animo a decir que en la zona no hay ninguno que no haya tenido relación con la empresa que era uno de los compradores más importantes”.

“Estas crisis nos tienen que llevar a pensar un esquema distinto, porque esta empresa entra en cesación de pagos no sólo por problemas financieros. Es el sistema el que no funciona”, señaló Rossi, de Fecofe, y llamó a “rediscutir la comercialización granaria con un Estado más presente en el arbitrio y el control” (ver aparte).

Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la Argentina (Ciara-Cec), salieron rápidamente a poner paños fríos sobre la situación de Vicentín, que la propia empresa hizo pública en un comunicado. Gustavo Idígoras, presidente de la entidad, indicó en diálogo con Canal Rural que “lo de Vicentín es coyuntural y rápidamente se solucionará” sin afectar la cadena de pagos del agro.

Para un reconocido analista del sector, la situación de Vicentín “agarra bien a los productores, con mejores tiempos por la buena cosecha y porque lo que se vendió se cobró a buenos precios”, pero en cambio “golpea fuerte a los acopios y correacopios que ya quedaron enganchados con BLD y ahora se encuentran con esto”.

Por eso, a su juicio, el impacto dependerá de la espalda financiera que tenga cada uno, ya que en mayor o menor medida, todos tenían posición tomada con la compañía ahora en default. “Nadie quiere hablar mucho del tema porque muchos tienen negocios a fijar y olfatean que si la situación se complica más hay riesgo de una corrida”, aventuró.

En ese marco, Rossi planteó que prácticamente en todas las cooperativas que comercializan granos tuvieron problemas con Vicentín y ahora están tratando de evitar que ese problema les llegue a los productores, haciéndose cargo, en la medida de lo posible, del tema. “Algunas ni siquiera pueden cambiar cheques en el banco ni pedir créditos, lo cual demuestra nuevamente el efecto de una política que apostó a lo financiero y no a la producción”, agregó el dirigente.

PLATA E IDEOLOGÍA. Con las papas calientes en la mano, el gobierno que arranca no sólo deberá atender un problema que golpeará muy fuerte a las economías de los pueblos de la región sino que tiene la oportunidad de repensar nuevas políticas para el sector agropecuario.

“Esto corta la cadena de pagos, por ende, si bien es un problema de un privado, los efectos colaterales son muy altos y debería intervenir el Estado para ayudar en la reestructuración de la deuda de la empresa”, propuso el analista Salvador Di Stéfano, al considerar que “la empresa gana dinero, pero tiene un problema de liquidez, y pagando tasas del 70% anual en pesos o 15% en dólares es imposible que pueda sobrevivir”.

En la vereda opuesta están quienes recuerdan la experiencia de la cooperativa Sancor que, con la anuencia del gobierno de Cambiemos, transitó un proceso de desguace por la insistencia de muchos especialistas económicos que denostaban la participación del Estado en su rescate y el impacto que esto tuvo en la producción, el empleo y también en el mercado de precios de la leche en la Argentina.

Más allá de la salida particular que pueda transitar Vicentín (al cierre de esta edición se esperaba el anuncio de una propuesta), para muchos de los interlocutores es clave cambiar el rumbo en la política económica con una mirada atenta a la producción, especialmente orientada a los eslabones más chicos de la cadena que garantizan más número de productores, generan más empleo, inserción territorial y producción más sustentable.

MEDIDAS. “Una medida prioritaria del gobierno de Alberto Fernández debería ser volver a poner en marcha herramientas financieras que permitan poner en marcha la producción”, planteó Príncipe y señaló que en estos años se llevó al terreno de los recuerdos instrumentos como “los créditos con tasas subsidiadas” que permitieron al sector “generar valor agregado, y crecer en el modelo productivo que se encaraba”.

Así, el dirigente federado recordó que había disponible financiamiento con dos años de gracia para ganadería, para tamberos, para producciones de valor agregado. “Es indispensable que vuelva ese tipo de créditos, con tasas por debajo de la inflación y que así como a nivel nacional el nuevo gobierno plantea la reestructuración de la deuda y dilatar dos años el pago al FMI, de la misma manera aquí esto es clave, para mover el aparato productivo con reducción de tasas y extensión de plazos”.

El actual diputado nacional y ex ministro de Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, fue durante su gestión como parte del gabinete provincial un defensor y gestor de estos instrumentos.

“La política de un gobierno tiene que comprender los procesos de diferenciación entre multinacionales y la burguesía nacional, así como los pequeños y grandes productores”, dijo y planteó que hay disponibles tanto herramientas financieras como comerciales o de participación en complejos agroexportadores de manera diferenciada. Mientras para estos últimos el aporte puede pasar por “infraestructura, logística, puertos”, para otros “se trata de políticas de financiamiento”.

En ese marco Contigiani consideró esencial “recuperar las famosas resoluciones del Banco Central que obligaban a las entidades financieras a destinar parte de sus encajes a créditos para la producción con tasas accesibles”. Según recordó, “eso fue muy bueno y en nuestro caso en Santa Fe, a partir de allí pudimos hacer el anclaje con una política industrial en la provincia muy fructífera”.

La experiencia remite a las líneas de inversión productiva que fueron destinadas a la adquisición de bienes de capital. “Fue un hecho inédito. Se modernizó el sector de pymes industriales a través de la adquisición de maquinarias y también de nuevas formas de organización empresaria”, dijo para recordar que “Macri decidió eliminar todo eso y prácticamente fue imposible sostener ese esquema de líneas de crédito para el sector agropecuario”.

“Es fundamental dentro de una política diferenciadora tener líneas permanentes abiertas para inversión productiva, especialmente de bienes de capital en un país como el nuestro donde diría que la competitividad está deprimida y se ubica en los niveles de los años 70”, señaló el legislador santafesino.

Por otra parte, además de los instrumentos públicos, Contigiani señaló que se puede echar mano de otros en el sector privado con experiencias exitosas como “fideicomisos financieros, sociedades de garantía recíproca” y un conjunto de “instrumentos modernos que permitan una fluida relación entre inversión, capital y participación del Estado”, aunque todo requiere “decisión política”.

“Esperamos que el nuevo gobierno plantee un esquema de financiamiento”, dijo Rossi y se lamentó que la gestión anterior tuviese disponible tantos fondos vía el Banco Nación para Vicentín (la empresa le debe $ 18 mil millones) y “las cooperativas y los productores teníamos el crédito cerrado”.

Por eso, “la principal medida del nuevo gobierno sería ofrecer nuevos créditos a través de bancos oficiales y privados o incluso vía sistema no bancario, algo que está en condiciones de hacer”, concluyó Rossi.

Fuente: En Foco XXI – La Capital

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